Al observar el panorama político de Colombia, se podría afirmar que existen dos tendencias claramente definidas para conducir al país por esas corrientes políticas, las cuales tienen sus propias interpretaciones filosóficas y políticas, que permiten aclarar la orientación que sus dirigentes pretenden llevar a cabo, en una Nación ya de por sí signada por el dolor y la muerte, la pobreza y la miseria. Y es que para tener una aproximación de la realidad colombiana, no podemos desconocer los hechos históricos que la han antecedido, como un referente que nos de la claridad si es que ésta existe.
Se podría afirmar que todas las distintas Cartas o Constituciones e inclusive las diferentes reformas que se han llevado a cabo, han correspondido ha hechos coyunturales y nunca ha obedecido al buen juicio, reflexión y grandeza de ideales, para buscar la felicidad de la patria, como lo podemos ver desde la misma Acta de Independencia hasta la Constitución del 91. Lo más grave de todo este espectro constitucional, es que ha estado precedido del conflicto y la guerra, que ha gravitado en el criterio circunstancial de intereses partidistas, para favorecer al gamonalismo y a una aristocracia hereditaria de prebendas y privilegios, para perpetuar sus linajes de una élite menos interesada en beneficiar a las grandes mayorías nacionales.
El camino que ha seguido la Constitución, ha estado antecedido de nueve guerras civiles y también religiosas: la primera entre federalistas y centralistas en 1812, la de l840 por motivos eminentemente religiosos, la de 1851 cuyo factor perturbador fueron las reformas liberales de José Hilario López, la de 1854 contra la dictadura de José María Melo, la de 1860, entre los generales Mosquera y Obando, contra el general Ospina, la de 1876 contra el presidente Aquileo Parra, la de 1885 fue el conflicto que antecedió a la Constitución del 86, la de 1895 contra el gobierno de Miguel Antonio Caro y finalmente la guerra de los mil días, entre liberales y conservadores, los dos partidos políticos tradicionales de la historia colombiana, comenzando este conflicto al finalizar el siglo y continuando en el inicio de la nueva centuria, con la más grave devastación, sufrimiento y muerte, dejando para la historia el registro de un comportamiento belicista y cruel, sin tener en cuenta las grandes esperanzas del pueblo colombiano, por parte de los dirigentes en contienda.
Las reformas de estas mismas constituciones se hicieron de manera accidentada, sin el norte y la sindéresis que corresponde. Podríamos citar la reforma de 1936 o que decir de la reforma de 1957, que tenía el propósito de pacificar al país, conocida como el Frente Nacional, que no fue otra cosa distinta que un matrimonio indisoluble entre liberales y conservadores, que se alternaron el poder durante 16 años, sin que el objetivo superior de este axioma fuese la verdadera paz colombiana, que tanto anhelan hoy los cuarenta y cuatro millones de compatriotas. Otra de las reformas tiene que ver con la modernización del Estado, como la de 1945 y 1968. Finalmente, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en el año 1991, cuyo antecedente para tal fin, no fue otra cosa diferente, que el fenómeno del narcotráfico, la guerrilla, la corrupción administrativa, entre otros tantos males, que a la fecha siguen gravitando en el acontecer nacional.
Hoy todo parece indicar que la gran discusión constitucional y política, se centra en la reelección presidencial, en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez, que ya fue reelegido, para el período 2006 al 2010, de acuerdo a la reforma aprobada por la bancada mayoritaria del Congreso de la República y todo parece indicar que se avecina una nueva reelección, alrededor de la cual se han producido todo tipo de escándalos graves e impúdicos, que ni siquiera sonrojan a la actual dirigencia colombiana, que impulsa este tipo de reforma, que favorecería al mismo mandatario y a su círculo de amigos, para el período 2010 al 2014, lo que indicaría una administración consecutiva de tres períodos presidenciales. Se podría decir entonces que sólo dos mandatarios han sido reelegidos de manera popular consecutivamente, después de haber cumplido un período constitucional y estos han sido Rafael Núñez, en el siglo XIX y Álvaro Uribe Vélez, en el presente siglo. Claro está que en el siglo XX, el presidente López Pumarejo, fue elegido en 1934 y posteriormente en 1942, en dos períodos no consecutivos.
Este fenómeno o tendencia de apoltronarse en el sillón presidencial, pareciera que correspondiese a una línea de comportamiento político en América Latina, sin que Colombia sea la excepción. Es la forma como se gobierna haciéndole ver a los pueblos que dirigen, que no existe otra opción y que los verdaderos salvadores del caos son esos mandatarios, que producto de la crisis que sufre esa sociedad, se creen los verdaderos “mesías”, que por ese privilegiado designio establecerán un nuevo orden, que salvará a sus pueblos. A esto no se le puede dar otro nombre diferente que una acendrada autocracia, cuya palabra se deriva del adjetivo “autócrata”, que se desprende de las raíces griegas autós y kratía y cuyo significado es el poder en sí mismo, o dicho de otra manera es aquel gobernante que ejerce el poder de manera omnímoda y absoluta, sin ningún tipo de limitantes de orden jurídico, constitucional, político o ético. El verdadero poder descansa en ese tipo de gobernante, que tiende a dirigir los destinos de sus pueblos con espíritu despótico, tiránico, absolutista y sin otra ley distinta que la que impone él.
La democracia cuyo poder es ejercido por la totalidad de los miembros de una sociedad, responde a la voluntad del colectivo, por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, que dan prevalencia y legitimidad a sus representantes. Este magnífico sistema de gobierno por el cual han optado los grandes países del mundo, como el escenario por excelencia, de la convivencia social, en donde todos sus miembros son libres e iguales ante la ley, para encontrar los caminos de las grandes conquistas y reivindicaciones sociales, que conducen a la transformación y progreso, no es tan atractivo para los mandatarios que presumen de ser los investidos para salvar a sus pueblos y se comportan de manera dictatorial y absolutista, manipulando a toda la dirigencia política, económica, eclesiástica y militar, para que se le permita concentrar todo el poder del Estado y así perpetuarse, privilegiando a una minoría.
Se estará reviviendo en América Latina, el modelo dictatorial como en otras épocas nefastas, para gobernar a estos pueblos, de una manera menos militarista, mostrando una civilidad entronizada en el caudillismo, que como en las épocas de la antigua Roma, cuando existía una situación de extremada gravedad, los cónsules o magistrados que ejercían por un año, designaban a un dictador para asumir todos los poderes. En este caso los privilegiados de todos los gobiernos de la región, prefieren este tipo de mandatarios para que sus prebendas y grandes concesiones de todos los órdenes los hagan más ricos, en detrimento de las mayorías pobres que viven en el patio trasero de la primera potencia del planeta. Veamos el caso de Honduras.
Nuestra Constitución como lo demuestra este recuento histórico constitucional, ha sufrido diferentes reformas, que no tiene antecedentes en otras latitudes más civilizadas y avanzadas, que tienen en este importante documento los paradigmas sagrados del comportamiento social, sin incurrir en violaciones constitucionales como lo hacemos en Colombia y que como lo demuestran los hechos, se acomoda la Carta a los intereses mezquinos del mandatario actual y sus reformas o referendos no son otra cosa distinta que la perpetuación en el poder. Este comportamiento irreflexivo corresponde a una clase política permeada por el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción administrativa, que nos avergüenza en el contexto del mundo civilizado cuyos protagonistas políticos son proclives a manejos cavernarios.
El libro sagrado de toda democracia es la Constitución, que como lo demuestra la democracia norteamericana con su Constitución de 1787, sigue teniendo la vigencia y su esencialidad es el eje central de la sociedad estadounidense. Los autores de esta magnífica Constitución, optaron por el fraccionamiento del poder del gobierno en los tres grandes vértices: el legislativo, ejecutivo y judicial para que las implementaciones de políticas tuviese la participación de los tres poderes y ningún grupo de privilegiados podrá imponer su voluntad sin control según lo afirmó el más influyente de los impulsores de la Constitución norteamericana, James Madison.
Según este mismo impulsor de la democracia norteamericana, "La acumulación de todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial en las mismas manos, sea en las de una persona, en las de algunas o en las de muchas, y sea por herencia, autodesignación o elección, puede ser considerada como la verdadera definición de la tiranía."
Además de su funcionamiento autónomo, cada una de las ramas del gobierno de los Estados Unidos tiene ciertos poderes para restringir a los otros. El propósito es crear un sustancial sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio de la autoridad gubernamental.
¿Qué camino tomará Colombia, la democracia o la autocracia?
